El Pacífico necesita proyectos, no otra lista de mercado
Representantes de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño reunidos en la RAP Pacífico. Foto: Gobernación del Cauca.
La expedición por decreto del Presupuesto General de la Nación para 2027 vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que los departamentos del Pacífico no pueden eludir: ¿qué parte de los recursos públicos se convertirá realmente en hospitales, conectividad, servicios básicos y oportunidades productivas para sus habitantes?
El Gobierno nacional fijó el presupuesto en $634,9 billones, de los cuales $88,14 billones corresponden a inversión. En la distribución sectorial figuran $81,56 billones para Salud y Protección Social y $21,67 billones para Transporte. Son partidas nacionales, no asignaciones automáticas para Chocó, Valle del Cauca, Cauca o Nariño. Su impacto regional dependerá de los proyectos priorizados, las apropiaciones específicas y la capacidad de ejecución.
El decreto se produjo después de que las diferencias entre los textos aprobados por Senado y Cámara impidieran concluir la conciliación legislativa. Más allá de la controversia institucional, la tarea para el Pacífico es examinar el detalle de la inversión territorial y defender aquellas intervenciones capaces de reducir brechas históricas.
Los encuentros de gobernadores del litoral suelen reunir diagnósticos acertados: vías inconclusas, hospitales precarios, dificultades de transporte fluvial y marítimo, déficit de agua potable, baja conectividad y escasas oportunidades para los jóvenes. El problema comienza cuando esa agenda termina convertida en una lista de mercado: una sucesión de peticiones sin estudios, presupuestos, fuentes de financiación ni responsables de ejecución.
La región necesita acordar pocas prioridades estratégicas y llevarlas al Gobierno nacional con proyectos maduros. Una vía debe contar con diseños y evaluación ambiental; un hospital, con infraestructura, dotación y plan de funcionamiento; un programa de pesca y acuicultura, con cadena de frío, asistencia técnica, comercialización y sostenibilidad financiera. Sin esos componentes, la voluntad política difícilmente se transforma en inversión efectiva.
En salud hay, además, una obligación anterior a la formulación de nuevas solicitudes: establecer qué ha ocurrido con los proyectos que ya fueron presentados, viabilizados o anunciados por el Ministerio de Salud. En 2023, la Gobernación de Nariño informó sobre recursos por $27.339 millones para la reposición y dotación del centro de salud de Santa Bárbara de Iscuandé, una intervención proyectada para beneficiar a más de 10.000 habitantes del litoral.
Los recursos han llegado y los trabajos comenzaron. Urge acelerar el desembolso del faltante. Otros casos, como el del hospital Eduardo Santos, de Istmina, en el Chocó, merecen atención y seguimiento, para que los recursos cumplan su cometido.
Se requiere un inventario público y actualizado. Gobernadores, alcaldes, gerentes de empresas sociales del Estado y líderes cívicos deberían identificar, municipio por municipio, los proyectos hospitalarios con concepto favorable, las asignaciones anunciadas, los convenios suscritos, los registros presupuestales, los desembolsos realizados y los compromisos pendientes. Olaya Herrera, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuandé, en la costa de Nariño, merecen una revisión específica, sin presumir que todos sus proyectos se encuentran en la misma situación.
El cambio de gobierno o la expedición de un nuevo presupuesto no deberían convertir en incertidumbre inversiones que han requerido años de formulación. Tampoco basta invocar una aprobación técnica: hay que diferenciarla de una apropiación presupuestal, de un compromiso contractual y de un giro efectivo. Esa distinción permite exigir continuidad con fundamento y detectar a tiempo los obstáculos administrativos.
Si el propósito del Gobierno es prestar mayor atención a los territorios históricamente apartados, la dirigencia del Pacífico tiene que responder con la misma seriedad. La próxima mesa regional debería concluir con una cartera pública de proyectos priorizados, sus costos, su estado de maduración, las entidades responsables y un cronograma de decisiones. Y debería tener seguimiento ciudadano.
El Pacífico no necesita otra fotografía de sus dirigentes alrededor de una declaración de buenas intenciones. Necesita acuerdos verificables, inversiones que se ejecuten y una agenda que sobreviva a los periodos de gobierno. La diferencia entre una lista de mercado y una política de desarrollo está, precisamente, en pasar de pedir obras a hacerlas posibles.
